Todos los partidos políticos que queremos presentar listas en las Elecciones Andaluzas del próximo 25 de Marzo, nos hemos encontrado con una Ley Electoral Andaluza que nos limita la legítima libertad de elaboración de listas y nos impone las ''Listas Cremallera''.
Para todos aquello que no saben lo que son las ''Listas Cremallera'', he intentando buscar una definición lo más correcta posible y no la he encontrado por Internet. Así, que a modo resumen, podemos decir que son las Listas Electorales que alternan hombres y mujeres, ocupando los de un sexo los números impares de la candidatura y los del otro sexo, los números pares. Todo ello orientado a la consecución de la igualdad real y efectiva en el ámbito de la representación político, según afirma el Tribunal Constitucional.
En este país hemos pasado de mantener a las mujeres alejadas de toda actividad política, cosa que estaba muy mal, a la obligatoriedad de incorporlas por razón de sexo, no por valía, conocimientos y méritos, simplemente por ser mujeres. Y eso también está mal, pues no se está primando la valía de las personas, se limita la libertad de elaboración de candidaturas (pues perfectamente una lista debería poder estar integrada sólo por mujeres, sólo por hombres, o dependiendo de la gente que se tenga en cada partido) y se obliga a incorporar a personas por razón de ser hombre o mujer. ¿Es igualdad el obligar de esta forma a los partidos? ¿Es igualdad tener que dejar a personas con valía y que posiblemente han trabajado mucho, simplemente, por no ser hombre o mujer? ¿Es igualdad y libertad que yo me quiera presentar a la Presidencia de la Junta de Andalucía y sea el número 1 (aunque no es el caso) y mi número 2 tenga que ser una mujer pese a que mi número 2 sea un hombre y tenga absoluta confianza en él?
En este país ha llegado un momento en el que no se legisla con cabeza y sentido común. Puestos a decir (y lo que es peor, aprobar por Ley) tonterías, podríamos reformar la Ley Electoral también para incorporar a un porcentaje de personas rubias, morenas y pelirojas; también que un porcentaje de una candidatura tengan que medir menos de 1,50 metros y otros más de 1,85 metros (para que también hayan bajitos y altos en las listas y no se les discrimine); también que otro porcentaje tengan que ser jóvenes entre 18 y 30 años y otro mayores de 65 años; o que otro porcentaje tenga que estar repartido entre heterosexuales, homosexuales, bisexuales y transexuales. Puestos a incorporar a ''Todos'' (y por supuesto, todas) vamos a hacerlo, vamos a reformar la Ley para incorporar a todas las personas con ciertas diferencias, para que nadie quede discriminado.
Sin duda, representaría las verdaderas cremalleras de la Igualdad, y no una Ley para contentar a un movimiento feminista radical que no tiene sentido. Puestos a decir tonterías, vamos a decirlas.
Por cierto, el PP de Andalucía se opuso a esta Ley de ''Listas Cremallera'', y presentó el recurso en el TC. Esperemos que ahora, sí gana después de las Elecciones Andaluzas, reforma dicha Ley y aplique el sentido común a la legislación electoral. Y puestos a pedir (esta vez sin tonterías), que reformen la Ley Electoral a nivel nacional y eliminen los porcentajes por sexos en las listas.
David García Pérez.
Presidente Nacional CCD.
Estamos acostumbrados a ver en las noticias numerosos casos de corrupción, ayuntamientos arruinados, numerosas deudas a empresas y trabajadores, y lo más alarmante, políticos que no son juzgados y que se van de rositas tras gestiones que dejan mucho que desear en los diferentes organismos públicos.
La semana pasada, el Ministro de Hacienda del Gobierno de España, anunció que su Gobierno reformará el Código Penal para que los políticos que gasten más de lo que ingresan y estipulen en sus presupuestos, serán responsables penalmente.
La verdad es que me alegré bastante del anuncio, pero dudo mucho de que realmente lo pongan en marcha en los cauces necesarios y bajo los parámetros que haga que todos aquellos que despilfarren, respondan ante la Justicia. Pero no sólo los que despilfarren, sino también de todos aquellos que han despilfarrado, han arruinado sus Ayuntamientos, han dejado vacías arcas municipales o cuantiosas deudas que dificultan el progreso de las Instituciones Públicas.
¿Quién tiene que hacer frente ahora a todas esas deudas? ¿Los ciudadanos? ¿Los que llegan después? En cualquier empresa, asociación o núcleo familiar, no se puede gastar más de lo que se ingresa, llegando a tener que hacer verdaderos encajes de bolillos para llegar a fin de mes, pues quién tiene deudas, tiene que hacer frente a ellas. ¿Y en política? ¿Puede un gestor público gestionar una Institución Pública, dejar deudas e irse a su casa como si nada, sin tener que responder de ninguna forma?
Llegado a este punto, la gran mayoría de ciudadanos que sabemos lo que cuesta llegar a final de mes y los que sabemos lo que supone encontrarse con instituciones públicas con deudas por malas gestiones anteriores, pensamos que cualquier gestor debe responder de forma penal por el despilfarro e incluso, responder con sus bienes patrimoniales y personales, por las malas gestiones realizadas. Con esto, tendríamos en políticos muchos menos vividores, muchos menos corruptos y muchos menos despilfarradores, que gobiernan las Instituciones al margen de cualquier tipo de ética, moral o justicia.
Espero que el Sr. Montoro sea capaz de introducir cambios significativos en la legislación, aunque posiblemente muchos cargos públicos del PP (y también del PSOE), acostumbrados a despilfarrar y a gastar más de la cuenta, se opongan e impidan cambios significativos y necesarios en la Legislación Española que acerque de una vez por todas la política al ciudadano y limpie el nombre de la POLÍTICA, que por culpa de aquellos que la ensucian, ha logrado que hoy la política y los políticos estén ''mal vistos'' por el conjunto de la ciudadanía.
Recibir un muy cordial saludo.
David García Pérez.
Presidente Nacional CCD.
La administración autonómica, como cualquier otro de los niveles administrativos del Estado debe ser, como su propio nombre indica, la de administrar, pero la de administrar con transparencia, equidad, racionalidad y justicia, que son justamente los valores con los que no han contado nuestras administraciones autonómicas, convirtiéndose en entes recaudadores para satisfacer las egolatrías de los políticos dirigentes que, y no nos engañemos, son los que dotan o suprimen de valores a las entidades humanas.
Y nosotros, venimos sufriendo desde la desaparición del centrismo y el triunfo del bipartidismo turnista, flanqueado por los intereses particulares de los nacionalismos exclusivistas periféricos, sobre todo vascos y catalanes, no sólo la pérdida de los valores antes dichos en la administraciones autonómicas, sino el uso particular y colectivo que ha servido para satisfacer las necesidades particulares y del partido de los del turno, y de los nacionalistas, con la seguridad que han ido adquiriendo todos estos años del que un no resurgimiento de un centro político en España, les daría la impunidad democrática suficiente hasta el fin de los siglos para unos alternarse en el poder (PP-PSOE) y otros chantajear a los mismos en su alternancia hasta la continua y continuada consecución de sus objetivos particulares, bajo la amenaza de su salida del Estado. Esta seguridad política gubernamental, junto con el control de todos los resortes del poder sin ningún tipo de amenazas, el más importante es el control del poder judicial, ha llevado a la creencia ciega en la impunidad absoluta de nuestra casta política turnista dirigente que se ha visto con total libertad de cometer y acometer todo tipo de atropellos en beneficio de sus intereses particulares y colectivos, transformando de paso a sus diversos territorios en pozos sin fondo donde sepultar el dinero que honradamente ganan los ciudadanos, y en agencias de colocación donde los nuevos caciques y oligarcas del partido, sitúan a su clientela política. Todo este control interesado y provocado por esta casta dirigente nacional y autonómica, nos ha llevado, por un lado, a la más absoluta de las inmoralidades que contra el ciudadano se han cometido desde
La solución de todo este tipo de despropósitos y el fin de semejante sistema injusto y nada democrático, no la podemos esperar de las fuerzas políticas que han creado este sistema para vivir de él, no podemos esperar por tanto ni una apertura desde dentro del turnismo y mucho menos una regeneración política y moral del mismo, la prueba está en que el hasta hace poco líder de la oposición y ahora jefe del Gobierno ha puesto más el acento en mantener los privilegios de la casta dirigente: no a la reforma electoral, no a la perdida de privilegios nacionales y autonómicos(sólo se ha hecho un mero lavado de cara), y no a las subvenciones estatales, y mucho menos recuperar todo lo derrochado (es un término suave) por ellos mismos.
La solución, es la de siempre, acudir al sacrificio de los ciudadanos alargando más años la servidumbre de su trabajo a beneficio de los mantenidos del Estado (la nueva oligarquía política y paniaguados), y apropiándose de su dinero vía impuestos, declaración de la renta, etc. La ventaja que tiene esta casta, y que han estado trabajando de forma consciente y eficaz durante todos estos años, es la domesticación de la ciudadanía por medio de los medios de comunicación que han preparado, y ahora mantienen, la perpetuidad del sistema turnista, convirtiéndose en un sector más de clientelismo del sistema, independientemente del partido que gobierne, acabando con la independencia de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, e inaugurando desde hace mucho tiempo el pesebrismo dependiente a base de favores, ayudas y subvenciones.
CCD propone todo lo contrario, empezando por un estudio serio de la administración autonómica que informe sin cortapisas de su labor, que la haga igual para todos, justa sin excepción de los ciudadanos y eficaz a la hora de la resolución de los problemas y de la gestión de los recursos, contemplando las reducciones que fuesen necesarias en su número y competencias, evitando duplicidades y agilizando los permisos a los ciudadanos que quieran crear empleo, exigiendo la burocracia administrativa a posteriori, suprimiendo todas las empresas público privadas que durante todos estos años sólo han servido para colocar a la clientela del turno y allegados, pidiendo las responsabilidades correspondientes a la administración en caso de errores o deficiencias que siempre toca reparar ala ciudadanía; es decir, convertir a la administración en un servicio de ayuda al ciudadano que es, en definitiva, quién la mantiene.
Alfonso Ossorio.
Secretario General CCD.
Recientemente el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado un plan de contención del gasto público. Entre otras medidas, van a modificar
Y eso está bien, los que estamos en política para servir a la sociedad y no para servirnos de la sociedad no podemos tener más que palabras de alabanza por la iniciativa tomada por el actual gobierno.
Pero una vez terminada de leer la noticia comienza uno a reflexionar y a entender, y a no creer que eso lo lleven a cabo. Por una sencilla razón: el PP gobierna en España, en la mayoría de las Comunidades Autónomas y en cientos de ayuntamientos. Si aplicaran esa medida, voceada a los cuatro vientos, los consejos de las Comunidades Autónomas y los plenos de muchos ayuntamientos tendrían que realizarse en las cárceles españolas, ya de por sí saturadas de reclusos. Dentro de su propio partido, en el PP, no quedaría cargo público con responsabilidad que no se viese obligado a cumplir condena. Y eso solo si la ley se aplicara desde hoy mismo. Si esta medida fuese retroactiva, hasta Rajoy pasearía por los patios de Alcalá-Meco.
Y todo lo dicho para el PP es de aplicación al PSOE, PNV, CiU y cualquier otro partido de los llamados “grandes”, que no han hecho otra cosa que meternos en el pozo y obligarnos a permanecer allí mientras los gestores públicos no padecen los graves problemas que ellos mismos han creado, ayudado a crear o a mantener, y sí el resto de los ciudadanos de bien que nos levantamos todos los días, nos vestimos por los pies y salimos a la lucha diaria de intentar alimentar a nuestras familias o mantener a flote nuestro negocio.
Por todo lo dicho no me creo que ni Montoro ni el gobierno del que es miembro, pongan en práctica real lo que han dicho. Todo ello aplaudido por todos o casi todos los políticos profesionales actuales ya que pocos se libarían. ¿Se imaginan al actual ministro de Justicia, hasta hace muy poco alcalde de Madrid, cumpliendo condena? Yo tampoco.
Emilio Barreda Martín.
CCD Ciudad Real.